Desde hace años el neoliberalismo, representado por los mercados, las élites financieras y políticas, vienen realizando un ataque directo contra los Servicios Públicos. Esta ofensiva tiene un claro objetivo: apropiarse de los Servicios Públicos porque representan una fuente de riqueza muy atractiva para el sector privado; en consecuencia pretenden apropiarse de lo público y colectivo, para obtener el máximo beneficio posible.
Partiendo de esta máxima, los gobiernos del PP-PSOE, vienen legislando para crear el marco legal que facilite, al capital privado, el acceso a la gestión de todos los Servicios Públicos. En esta ocasión el blanco es la Administración Local.
La Administración Local, y concretamente los Ayuntamientos, son la administración más próxima y asequible a la ciudadanía para realizar el seguimiento de unos Servicios Públicos adecuados, exigiendo unos buenos servicios (abastecimiento de aguas, recogida de basuras, servicios sociales, infraestructura y actividades culturales etc.), para ello los Ayuntamientos gozan de autonomía para desarrollar estas actividades. El gobierno del PP, con una nueva ley, 27/2013 del 27 de diciembre, de racionalización sostenibilidad de la Administración Local, pretende acabar con esta autonomía, posibilitando la privatización de los Servicios Municipales, y en algunos municipios, todos los menores de 20.000 habitantes, incluso se le retirará las competencias de estos servicios.
Mentiras del PP sobre su proyecto de Administración Local.
1. Dicen que el nuevo proyecto para la administración local es para reducir los cargos políticos, el personal eventual que nombran los partidos, y los sueldos de éstos.
Mentira: La tabla del número de personal eventual que establece la nueva ley, es muy elevado, por ejemplo en municipios de 20.000 habitantes se podrán nombrar hasta siete asesores o asesoras, y en municipios de 300.000 habitantes hasta 29 asesores o asesoras. Y los salarios de las y los alcaldes sigue siendo muy elevado, en los municipios mayores de 500.000 habitantes podrán recibir hasta 100.000 euros anuales, en municipios de 300.000 el sueldo será de hasta 90.000 euros, incluso en los municipios de 20.000 habitantes el sueldo puede ser de 45.000 euros anuales. ¡Igual que los sueldos de cualquier ciudadano o ciudadana!
2. Dicen que se quiere evitar duplicidades en las competencias de las administraciones. Y mantener la sostenibilidad financiera: Mentira: Los gobiernos locales en el conjunto del Estado, ofrecen un porcentaje de deuda sobre el total, de menos del 5% (de la cual más de la mitad la tiene Madrid). La realidad es que con la ley sólo pretenden quitar competencias a la administración más cercana, que son los Ayuntamientos, y en todos los casos, la pretensión es privatizar los Servicios Públicos Municipales, que actualmente se prestan por empresas públicas, o directamente por la administración. La privatización, conlleva que las administraciones no necesiten, en años, más plantilla, por lo que los y las ciudadanas no podrán acceder a un empleo público, no habrá ofertas de empleo, y además las quejas de la ciudadanía se tendrán que presentar a una empresa privada, con lo que se pierde el poder exigir mejor gestión a los representantes políticos, que son a los que votamos.
Sin duda los servicios privatizados se entregarán a las empresas de sus amigotes y amigotas.
Consecuencias para las personas.
1. Privatización de los servicios públicos municipales, peor calidad en ellos: La privatización de los servicios públicos municipales no persigue ahorrar costes, de hecho la privatización es más cara que la gestión pública. El objetivo esencial de privatizar es engrosar los beneficios de las empresas privadas, basándose en explotar a los trabajadores y escatimar en la calidad del servicio. El resultado es desastroso para la población ya que la privatización transfiere cuantiosas cantidades de millones de euros de los presupuestos de los ayuntamientos a las cuentas de las empresas privadas que aumentan sus beneficios deteriorando la calidad de los servicios públicos.
2. Menos ofertas de trabajo público para las personas en paro: La posibilidad de acceder a un empleo público, mediante alguna oposición se reducirá drásticamente, todos los empleos habrá que mendigarlos en las empresas privadas adjudicatarias.
3. Servicios municipales más caros: Las empresas adjudicatarias quieren sacar el máximo beneficio posible, con la disminución de los salarios y los medios materiales, no será suficiente, y se acabará traduciendo en una subida de tasas y precios de los servicios públicos.
4. Se entregan las infraestructuras de los servicios municipales a las empresas privadas: Cuando se adjudican los servicios públicos municipales a las empresas privadas, se les entrega también toda la infraestructura de ese servicio (camiones, contenedores, locales etc.) que se ha pagado con el dinero público de todos y todas. La empresa los usa, y cuando se deterioran, abandonan la adjudicación, o exigen que con el dinero de nuestros impuestos, le repongamos de nuevo la infraestructura. Dinero de todas y todos para beneficio de una empresa. Con esta nueva ley, además se pretende vender los locales de los Ayuntamientos a precio de saldo. Ya han anunciado que pretende recaudar 15 mil millones por la venta de locales públicos.
8 PROPUESTAS PARA UN MUNICIPALISMO ALTERNATIVO
1. Eliminar todos los cargos de confianza y generar ahorro.
2. Acabar con los privilegios retributivos de los cargos electos y fijar el sueldo de los políticos sin que éste supere la media de sueldos de cada ayuntamiento.
3. Implementar el control directo de los servicios públicos vía municipalización o fórmulas alternativas que garanticen la gestión sin intervención de empresas privadas.
4. Establecer mecanismos que fomenten la participación ciudadana para crear espacios de reflexión y decisión que fomenten la democracia directa en el ámbito local.
5. Reducir la jornada laboral progresivamente hasta las 35 horas semanales, con el fin de repartir el trabajo como medida urgente para fomentar la ocupación, acompañado de una política retributiva de los trabajadores públicos más justa y solidaria entre categorías profesionales.
6. Establecer un convenio único que integre condiciones dignas para todas las administraciones locales y garantizar los mismos derechos laborales y sociales de los trabajadores.
7. Reivindicar un sindicalismo basado en la acción directa y en la democracia real, fomentando el asambleísmo, la solidaridad y la ayuda mutua entre los trabajadores públicos frente al actual modelo basado en la delegación y la suplantación de la opinión de los trabajadores.
8. Defender la figura única de trabajador público frente a la dualidad clasista y discriminatoria que hace el EBEP entre funcionarios y personal laboral.
¡¡¡ES HORA DE LUCHAR!!!!
Este es un momento histórico. Retrocedemos en el tiempo con la pérdida de derechos sociales y laborales. La desprotección ha substituido a la justicia social por la que trabajaron nuestros abuelos y nuestros padres, y por la que tantos hombres y mujeres dieron su vida. De nuestra lucha dependerá el futuro que leguemos a nuestros hijos e hijas. No es hora de rendirse, es hora de luchar, de decir: ¡Basta al capitalismo depredador!
A la mayoría de políticos, faltos de más visión de futuro que la de ganar las próximas elecciones, les resulta incómodo que los funcionarios ejerzan su criterio Professional desde la independencia, de acuerdo a la legalidad, y por eso han cuestionado toda la función pública ante la ciudadanía, caricaturizándola, desprestigiándola y tratando a los servidores públicos de "casta privilegiada". Corremos el peligro de precarizar toda la función pública porque sin estabilidad laboral no puede haber independencia profesional.
Exigimos una administración que gestione los recursos públicos de forma solidaria, que redistribuya la riqueza de forma equitativa y que trabaje para erradicar la injusticia social, y no una administración paternalista y asistencial.
La CGT promueve diversas movilizaciones sociales en favor de los servicios públicos, tanto en la calle como en los centros de trabajo, de las cuales recibirás información puntual. Los servidores públicos estamos más comprometidos que nadie en su defensa. Luchamos por la independencia profesional, la proximidad y la eficiencia de los servicios para la ciudadanía; luchamos por la proporcionalidad, la equidad y la justicia de su gestión.
¡¡¡MOVILÍZATE PARA NO PERDER NI TU FUTURO NI EL DE GENERACIONES FUTURAS!!!
