Hacemos pública nuestra radical y absoluta oposición a las últimas medidas que se incluyen en el “Plan integral de medidas de reforma de las Mutuas y de la gestión de la Incapacidad Temporal” hecho público por el gobierno.
El objetivo de esta nueva batería de medidas legales es única y exclusivamente reducir las bajas médicas y los períodos de las Incapacidades Temporales de los y las trabajadoras, privatizando el servicio médico, en detrimento de nuestra salud y de las más elementales medidas de prevención de riesgos laborales.
Las llamadas Mutuas de Accidentes de Trabajo, que son asociaciones de empresariossupuestamente “sin ningún ánimo de lucro” (pero involucradas en múltiples casos de corrupción), inicialmente solo tenían competencias en las bajas y la invalidez por Accidente de Trabajo. Pero desde 1994, diferentes gobiernos (tanto del PP como del PSOE) han legislado para ampliar su capacidad de acción, permitiendo que “controlasen” cada vez más aspectos de las bajas por enfermedad común, con el argumento de su “efectividad” en dar altas médicas, según demuestran (y denuncian) las estadísticas. Los y las trabajadoras parecemos curarnos “milagrosamente”, aplicando los criterios economicistas de las Mutuas, mucho más inflexibles que los médicos del servicio de salud y más que los ya restrictivos criterios del INSS.
El resultado es que hoy en día más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras estamos asegurados en Mutuas patronales para las contingencias comunes, y las drásticas medidas aprobadas por el gobierno español el pasado 18 de julio acentúan la ampliación de sus posibilidades de acción en los siguientes aspectos:
· Posibilita el control de la situación médica y el poder proponer altas médicas por contingencia común desde el primer día. La nueva Ley permite a las Mutuas inspeccionar la situación médica y realizar propuestas de alta desde el primer día, con obligación de respuesta por parte de la Seguridad Social. Esta competencia acentúa las posibilidades de control e inspección de las Mutuas en contingencias comunes, con el objetivo declarado de reducir los períodos que necesitamos los y las trabajadoras para recuperarnos de una enfermedad.
· Se crean tablas de duración estandarizada de cada enfermedad, según edad y profesión. Este nuevo mecanismo busca presionar a los médicos para que den altas médicas automáticas.
· Se amplía la potestad de las Mutuas de declarar justificadas o no las no asistencias a las revisiones médicas, aumentando así las posibilidades de alta médica incentivada por parte de estas entidades empresariales privadas.
La ministra Báñez, siguiendo las continuas e insaciables demandas de la patronal, declara públicamente que el objetivo con estas medidas es recortar el dinero destinado a las Incapacidades Temporales (unos 300 millones anuales menos), reduciendo el tiempo medio de las bajas médicas. Por tanto, se quiere recortar nuevamente en una materia tan sensible socialmente como la salud laboral.
CGT tenemos que denunciar otra vez más que se está legislando contra los intereses de una gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, y en beneficio de una pequeña minoría capitalista. Pero además, en este caso, con el agravante de que se pone en peligro nuestra integridad física, haciendo volver a personas a sus puestos de trabajo cuando aún no están en las condiciones de salud adecuadas.
Estas medidas se aprueban cuando, en contra de las declaraciones del gobierno y de la patronal, las estadísticas indican que en los últimos siete años (desde el inicio de la crisis/estafa) las bajas médicas se han visto reducidas y recortadas, bajo la presión y la coacción diaria deldesempleo, los despidos, la temporalidad y la precariedad laboral. En los últimos años cada vez más trabajadores y trabajadoras han tenido que poner en riesgo su integridad física trabajando en condiciones de salud no adecuadas, bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.
Además, la asistencia al trabajo realizada sin una total recuperación médica es la causante (entre otros factores) del aumento de los riesgos laborales y de múltiples accidentes de trabajo, en un contexto en el que en los primeros 5 meses del 2014 ha habido un aumento del 7,3% de muertes por accidentes laborales, a pesar de haber menos trabajadores y trabajadoras en activo.
Este intento de reducir por Real Decreto las bajas, profundiza aún más en la dramática situación laboral actual, privatizando la sanidad públicay vinculando a los intereses empresariales la gestión de la salud laboral. Es, por tanto, una grave agresión a los derechos de los y las trabajadoras.
CGT defendemos una sanidad pública y de calidad, al servicio de los y las trabajadoras, y denunciamos otra vez la actuación de las Mutuas, al servicio únicamente de los vergonzosos beneficios de la patronal, y a costa de la integridad física y de bienestar psicosocial de la clase trabajadora.
!O sus beneficios o nuestra salud!
