El PSOE propone derogar la Ley 15/97: ¡A buenas horas mangas verdes!
El pleno del Congreso de los Diputados debatió el pasado 11 de diciembre una Moción del PSOE en la que se proponía derogar la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión. La Moción, obviamente, fue derrotada por la mayoría absoluta del PP.
El PSOE, ahora en la oposición y en medio de una situación explosiva en la sanidad madrileña, cambia radicalmente el apoyo a la Ley, mantenido hasta ahora y desde que en 1997 la votara afirmativamente junto al PP, PNV, CiU y CC. Entonces acababa de perder las elecciones generales y con su voto – indispensable para un PP que gobernaba en minoría – dio vía libre a la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de la sanidad pública.
Desde fuera del Parlamento, pero con semejante trascendencia, la Federación de Sanidad de CC.OO., a través de un Comunicado de prensa de su Secretaria General emitido al día siguiente de la votación parlamentaria1, “valora positivamente el consenso alcanzado en el Parlamento sobre las Nuevas formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud”.
En el debate parlamentario de la Ley 15/972 en el que participé representando a IU – que votó en contra, junto al BNG – la ex ministra y portavoz del PSOE, Ángeles Amador justificaba su apoyo calificando a la nueva norma de garantía de la sanidad pública y baluarte contra la privatización.
Una lucha dura
No ha sido fácil mantener la lucha desde aquella época explicando que la Ley aprobada era la clave de bóveda para el proceso de privatización que ya entonces se había iniciado. Poca gente creía que fuese a pasar lo que ahora tenemos ante nosotros. La privatización ofrece el negocio soñado a bancos, inmobiliarias y aseguradoras privadas: financiación y clientela pública garantizada, y gestión y beneficios privados.
Sin embargo los hechos fueron confirmando que esa Ley constituía el pilar del aparato jurídico que amparaba la privatización.
Así sucedió cuando CC.OO. del País Valenciano, creyendo los argumentos del PSOE y de su Federación de Sanidad, denunció la ilegalidad del Hospital de Alzira gestionado por la UTE Ribera Salud (Adeslas, Bancaja, CAM, ACS-Dragados y Lubasa) y puesto en marcha por Antonio Bargueño, entonces Director Asistencial de Adeslas y hoy Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid. La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad3 no dejaba lugar a dudas: “el soporte legal a la concesión administrativa vendría dada por el Real Decreto Ley 10/1996 y Ley 15/1997” […] no cabe duda de que el enfoque legislativo es abrir las formas de gestión tanto a entidades y personas, públicas como privadas, y formas de gestión directa o indirecta.”
Todas y cada una de las licitaciones y concesiones administrativas para poner en marcha los nuevos hospitales de gestión privada en Madrid, País Valenciano, por gobiernos del PP, y en Baleares y Cataluña, por gobiernos del PSOE e IU con otras fuerzas políticas se han hecho bajo la cobertura jurídica de la Lay 15/97.
El combate de CASMADRID y MATUSALEN desde 2004, y ahora de la Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad (RAAS) frente a estas dos poderosas organizaciones, con una amplia constelación de satélites integrantes de la “Cumbre Social” y con una influencia determinante en los grandes medios de comunicación, ha sido duro.
Ser las únicas voces que se alzaban mientras se ponían en marcha los 7 hospitales de gestión privada de Madrid, mientras alcaldes de partidos políticos de todos los colores cedían suelo y se hacían, felices, la foto frente al nuevo hospital de su ciudad y mientras todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad pactaban decenas de acuerdos con el PP mientras callaban durante el largo proceso de construcción y puesta en marcha de “la sanidad del futuro” del PP, planteaba un combate enormemente desigual.
Con el PSOE en la oposición en Madrid, y luego en el Estado, se iba configurando un “frente común” integrado por PSOE, IU, CC.OO y UGT (IU ha venido priorizando su papel subordinado al PSOE sobre la defensa de su votación contra la Ley, al que se añadía como “representante técnico” del sector sanitario a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Su eje central era conseguir réditos electorales en la lucha contra el PP, y hablar de la Ley 15/97 era poner en evidencia la corresponsabilidad en la misma del PSOE, con el apoyo de CC.OO.
El bloque era hermético y cualquier organización – vecinal, asamblea popular,.. etc, que planteara la exigencia de derogar la 15/97, o bien era sometida a una cascada de “explicaciones” de técnica jurídica acerca de la intrascendencia de la Ley para la privatización, y/o de descalificaciones hacia las personas que sustentamos estas posiciones bajo la acusación de sectarismo.
Pero la lucha realizada con modestísimos recursos pero con un gran convencimiento y compromiso de muchas personas iba calando. La realidad se puede ocultar un poco de tiempo, pero al final aparece y se derrumban los engendros erigidos para ocultarla.
En 2009, tras manifestaciones de varias decenas de miles de personas en Madrid y un trabajo paciente de recogida de firmas llevado a cabo en centros sanitarios, barrios y pueblos de todo el Estado, se presentaron en el Congreso más de 400.000 solicitando la derogación de la Ley 15/974. Para ilustrar el ninguneo de los medios de comunicación valga el siguiente hecho que es comprobable en las hemerotecas: pese a la abundancia de periodistas que cubrieron la presentación de las firmas, ningún medio lo recogió al día siguiente. Sí pudo verse, como noticia destacada, a la FADSP que entregaba 30.000 firmas contra el Área Única a la entonces ministra Trinidad Jimenez que no se dignó siquiera a contestar a solicitudes de entrevista que desde CASMADRID y Matusalén le fueron formuladas.
La “toma en consideración” de la posibilidad de modificar la 15/97
El 24 de noviembre de 2009 el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de una Proposición, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa- Verds, que pretendía la modificación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud5. Esta propuesta presentada por iniciativa de IU, el mismo grupo parlamentario que en 1997 votó en contra de esa Ley, sólo pretendía ahora reducir su alcance para conseguir el apoyo del PSOE en el Gobierno, tras consensuarla con él.
La iniciativa pretendía limitar la posibilidad de convenios, conciertos o acuerdos para la gestión y prestación de servicios sanitarios a “entidades públicas”, desconociendo que la figura jurídica ’empresa pública’ ha sido el paso previo a la privatización de todo tipo de servicio público, en la medida que introduce la gestión mercantil y los objetivos de ahorro por encima de criterios de calidad o rentabilidad social. Además la ’empresa pública’, como la Fundación de Alcorcón o el Anillo Radiológico en Madrid, y muchos casos más en Comunidades Autónomas (CC AA) gobernadas por el PSOE, están concebidas para, bajo su inocente nombre, subcontratar con empresas privadas todo tipo de servicios y poder emplear al personal mediante la extensa gama de contratos precarios existentes.
La buena noticia fue un brindis al sol. Tras la aprobación en el Pleno del Congreso y la remisión a la Comisión de Sanidad para la aprobación de las enmiendas, semana tras semana durante casi dos años, el Grupo Parlamentario del PSOE presentaba una solicitud de ampliación del plazo. El parto de los montes concluyó sin siquiera dar a luz a un ratón. El 26 de septiembre de 2011 fueron disueltas las cámaras por la convocatoria de elecciones generales sin que el debate se hubiera iniciado.
El cambio de chaqueta en la oposición
La Moción para la derogación de la Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
tenía en su punto 4 la siguiente redacción: Instar al Gobierno a..“Presentar, en el plazo de un mes, un proyecto de ley que garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”.
El inequívoco texto deja en evidencia y con las vergüenzas al aire a todo el coro de organizaciones satélites y “expertos” que machaconamente han venido repitiendo la voz de su amo, insistiendo en que las privatizaciones del PP – de las otras no hablaban – no tenían nada que ver con esta Ley.
En un reciente debate televisivo en el programa La Tuerca6 en el que participé y en el que fue entrevistado por teléfono Jose Manuel Freire, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, negó enfáticamente – como puede verse en el enlace al programa – que la Ley 15/97 fuera la cobertura legal de la privatización, calificándola de “arqueología”.
El mismo día de la votación de la Moción en el Congreso, en un debate celebrado en la Escuela de Relaciones Laborales de Madrid en el que participaba Jose Ramón Repullo, médico de la órbita del PSOE, junto a Antonio Gómez Liébana, de CASMADRID, el primero insistió en el carácter obsoleto de la Ley y su denuncia como un “mantra” vació de contenido.
La presentación de la Moción por el mismo PSOE que la apoyó, la aplicó en comunidades autónomas en las que gobernaba e impidió su “modificación” cuando podía ser aprobada es la enésima maniobra política de un partido que se hunde porque movilización social le está inhabilitando como representante de unas mínimas posiciones de izquierda.
La percepción de la realidad se abre paso, sobre todo cuando la lucha acrecienta la conciencia y la difusión de la información. El PSOE ha sido y es, desde la Transición, un representante privilegiado de los intereses del capital, con palabrería de izquierdas cuando así convenía a sus intereses. Solamente en la sanidad y en lo que se refiere a sus ex ministros y ex ministras, es amplia la lista de su vinculación como Consejeros de la empresa privada, que no cabe reseñar aquí. Es difícil valorar si es mayor o menor que la de los correspondientes del PP.
Lo que es seguro es que sus intereses están alineados con los de los grandes banqueros y empresarios que nos están saqueando. Y lo que es imprescindible es que demos los pasos necesarios para que la clase obrera y los pueblos no permitamos que nos vuelvan a engañar las mismas organizaciones que montaron la gran estafa de la Transición. El camino para la construcción del referente político unitario en el que la independencia de clase este garantizada es largo y difícil pero ya nos está apremiando.
Ángeles Maestro,
13 de diciembre de 2012
http://casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=98&limit&titulo=COMUNICADOS
