Desmantelar los servicios sociales públicos municipales: nuevo objetivo del Partido Popular
La modificación constitucional que impone la supeditación de los presupuestos públicos al pago de la deuda, antes de que la prestación de servicios sociales públicos, fue perpetrada en la espalda de la ciudadanía el 27 de septiembre de 2011 por la mayoría parlamentaria del bipartidismo de PSOE y PP , mientras fuera del Congreso se manifestaban ciudadanos convocados por movimientos sociales como el # 15M y sindicatos como la CGT para denunciar el austericidi económico y social perpetrado, ya que se impuso un límite de déficit público del 0,4% ( 0,26% del PIB en el caso de la Administración del Estado y el 0,14% a CCAA antes de 2020), y que estos límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución Española serán vigentes a partir de 2020. Este hecho pone contra las cuerdas la viabilidad del sector público los próximos 8 años, todo por la modificación de la "intocable" Constitución española, que en este caso, "milagrosamente" fue modificada por exigencias de la troika de la UE en tan sólo 2 semanas. Eso sí, se aseguran a desgravar fiscalmente las pérdidas en casinos y dejar de perseguir a los 90.000 millones de euros de evasión fiscal, que evitarían sufrimiento y recortes masivos y ahora nos someten al "rigor presupuestario".
Este hecho, y por tanto el estrangulamiento lento por el aumento del pago de la deuda y sus intereses, mayoritariamente deuda privada de la banca rescatada con fondos públicos, por delante de los servicios públicos básicos, imponiendo techos de déficit en las diferentes administraciones territoriales que está suponiendo desmantelamiento progresivo de servicios básicos como la sanidad y la educación, que en el caso de Cataluña, supone aumento de las listas de espera, venta de hospitales y equipamientos públicos para acabar alquilando a los propios vendedores, eliminando servicios nocturnos en centros de atención primaria (CAP), recortes al Servicios de Emergencias Médicas (SEM), aumento de tasas universitarias y copago a la FP, recortes de PAS y profesorado universitario, institutos, que están poniendo al límite los servicios públicos universales, que afectan directamente a la ciudadanía, y que se han traducido en recortes acumulados de 4.800 millones de euros, mientras administraciones del Estado ni siquiera tocan partidas como la del gasto militar, sin cuestionar la legitimidad de asumir la deuda y de los límites de déficit y lo que conlleva a la sociedad.
Y ahora pretenden un desmantelamiento integral de la administración más cercana al ciudadano, la administración Local, con un anteproyecto de ley que pretende modificar la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local para podar las competencias locales, así como la ley reguladora de haciendas locales, para situar límites de la inversión pública en el esfuerzo social de proximidad de los ayuntamientos, y la Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público y el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , con una clara voluntad de recortar el número de empleados públicos que atienden a la ciudadanía.
El hecho es que se impone en el anteproyecto de ley que "Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias impropias, entendiendo por éstas las diferentes de las competencias propias y las atribuidas por delegación, así como desarrollar actividades económicas, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, no haya duplicidades con las competencias autonómicas, y se garantice la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias o actividades económicas, respetando en todo caso el principio de eficiencia y el resto de los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A estos efectos será necesario el informe previo de la Comunidad Autónoma en la que se señale la inexistencia de duplicidades y del interventor de la entidad local sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias ".
Este hecho supone la aniquilación de la autonomía local y de las competencias en servicios sociales que se prestan a la población, que en el caso de los servicios sociales, atienden a 8 millones de personas a nivel estatal, que se verán atados de manos ya que no podrán prestar más servicios sociales que no le sean de la propia competencia, y que en caso de depender de la Generalidad o el gobierno del Estado si no tienen acceso, subsidiariamente verán impedidos por orden del austericidi, que todo y gestionar los municipios sólo el 7,27% de los Presupuestos Generales del Estado consolidados de 2013 (16133 millones de euros) de un total de 221.641 millones de euros presupuestados, aún asumiendo un 23% de servicios impropios, ahora en peligro de desaparición, y esto afectará directamente a los colectivos más necesitados o ya dentro la exclusión social, se trate de abandono asistencial a menores, mayores, vivienda social, inserción y formación laboral, refuerzo escolar, ayudas de emergencia social, discapacitados, etc, siendo un austericidi social que pretende que la mancha de la exclusión social no sea la excepción, sino la nueva norma de la mano de "la estabilidad presupuestaria", bajo amenaza de retención de liquidación de tributos el Estado en caso de incumplimiento.
Si con ello no es suficiente el anteproyecto de ley del PP, prevé la práctica desaparición del personal eventual de las administraciones locales, restringiéndose como ejemplo un máximo de una persona eventual en los municipios de 5000 a 10.000 habitantes y de cabeza a menos de 5000 habitantes, y por tanto eliminando de una plomada servicios complementarios de refuerzo en el ámbito social cubiertos por la mayoría de municipios, convirtiéndose en una reforma laboral encubierta desde el Estado al ámbito más cercano al ciudadano como son los municipios y otras administraciones, que cronificarà aún más el desempleo estructural endémico, a no ser que haya una respuesta de la sociedad que defienda que los servicios públicos de proximidad ni tocarlos, ya que nos asumió más sufrimiento, marginación y exclusión social en barrios, pueblos y ciudades de toda Cataluña.
Moisés Rial es Secretario de Comunicación de CGT
