Las “Mutuas Patronales de
Accidentes y Enfermedades Laborales de la Seguridad Social” han cambiado de
nombre, con la nueva Ley de Mutuas 35/2014 de 26 de diciembre pasan a llamarse
“Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social”. ¿Por qué este cambio de nombre?,
pues porque además de las competencias relativas a los accidentes y enfermedades
profesionales ahora tendrán algunas competencias en las enfermedades comunes.
También se produce un cambio en la definición, hasta ahora eran “asociaciones
constituidas por empresarios” y con la nueva ley pasan a ser “asociaciones
privadas de empresarios”. Una manera de remarcar más todavía el carácter privado de las mutuas.
Las mutuas se financian
básicamente con las cotizaciones por accidentes de trabajo y con una fracción
de las cotizaciones por contingencias comunes. Todas las empresas, así como los
autónomos y autónomas han de contratar los servicios de una mutua al constituirse
y deben de ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social un porcentaje del
salario de cada persona trabajadora, ese porcentaje dependerá del tipo de
actividad. Aunque las aportaciones sean empresariales no debemos olvidar que
son rentas del trabajo, de nuestro trabajo y por tanto nuestro dinero. Bien, a
cambio de ese dinero, cuando tenemos un accidente laboral o enfermedad
profesional la mutua se hace cargo de los gastos, por tanto cuanto menos tiempo
estemos de baja, menos pruebas nos realicen, menos muertes por enfermedades
profesionales existan, más beneficio le queda a la mutua.
Teniendo en cuenta lo anterior
los intereses económicos de las mutuas entran en clara confrontación con
nuestra salud. Tanto es así que cuando tenemos un accidente laboral las mutuas
intentan que nos demos de alta lo antes posible y a toda costa, si aun así a
los pocos días volvemos a recaer desvinculan la dolencia del accidente laboral
y te desvían a la Seguridad Social para que sea el erario público el que corra
con los gastos.
España se encuentra en una
situación única dentro de los países de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos), según los datos de las mutuas desde el
año 2000 al 2004, en nuestro país no se produjo ninguna muerte por enfermedad
profesional, en el año 2005 ya hubo 3 muertes. En cambio, según el Grupo de
Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, en España mueren
14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el lugar
de trabajo, cada año hay 9.400 personas muertas por cáncer, 3.600 por
enfermedades cardiovasculares y 1.700 por enfermedades respiratorias contraídas
en el lugar de trabajo y ninguna de estas muertes aparece en los registros de
las mutuas. Esto implica que las mutuas no pagan las compensaciones
correspondientes por enfermedad profesional.
Pues bien, además de los
accidentes laborales y las enfermedades profesionales, ahora con la nueva
legislación las mutuas también tendrán competencias en las enfermedades comunes.
La ley 35/2014 permite a las mutuas proponer a la Inspección Médica de los
Servicios Públicos de Salud el alta de una trabajadora o trabajador que esté de
baja por enfermedad común. Para realizar esas propuestas de alta las mutuas
podrán disponer de nuestro historial clínico y, si así lo consideran, podrán
someternos a reconocimientos y exámenes médicos. Una vez hecha la propuesta de
alta, la Inspección Médica de los SPS deberá responder a la mutua en un plazo
de 5 días. Si estima la petición emitirá el alta y si la deniega deberá
realizar un informe médico que justifique la continuidad de la baja. La
Inspección Médica también podrá citar a la persona que esté de baja para
hacerle una revisión médica, pero dentro de esos mismos 5 días.
Cuando se legisla de esta manera
se da a entender que las trabajadoras y trabajadores nos dedicamos a estafar a
la Seguridad Social, con ansias desmesuradas por convertir el
asepeyo.jpgabsentismo laboral en tendencia. Por otra parte se transmite una
desconfianza total hacia quienes trabajan en el
Sistema Público de Salud, ya que desde el primer día de la baja el
personal médico de las mutuas puede realizar el seguimiento de dicha baja, o lo
que es lo mismo, cuestionar su diagnóstico. Unos profesionales que acceden a su
puesto de trabajo sin ningún tipo de prueba u oposición objetiva, los de las
mutuas, cuestionando de manera sistemática el trabajo de profesionales
sanitarios que han conseguido su plaza mediante una oposición.
Pero salgamos de lo abstracto,
pongámosle nombres, las mutuas, al igual que los mercados no funcionan solas,
sino que hay un grupo de personas que las dirigen. Tomemos como ejemplo la Muta
Asepeyo, cuyo órgano de gobierno está compuesto, entre otras personas por: José
Mª Juncadella Salisachs (de Arena Media Communications España, SA), José Luís
Martínez Olivares (El Corte Inglés, SA), Luis Planas Martínez (Hoteles Valle de
Arán, SA), José Abargues Morán (Ford España, SL), Antonio Alastuey González
(Renault España, SA), F. Xavier Amorós Corbella (Sociedad General Aguas de
Barcelona, SA), Joaquín Folch-Rusiñol Faixat (Industrias Titán, SA), Cécile
Virginie Hesse (Danone, SA), María Soledad Luca de Tena y García-Conde (Diario
ABC, SL).
Resulta extraño que directivos
pertenecientes a empresas como Danone, Ford, Renault, Aguas de Barcelona, El
Corte Inglés, ABC, entre otras, sean las que dirijan una entidad que se dedique
a la sanidad, pero más extraño resulta que desde el poder político se les
transfieran competencias que son de la Sanidad Pública. No consideramos de
recibo que estas personas sean las que miren con lupa nuestras bajas e
historiales médicos, estableciendo estrategias de persecución y presión
tratándonos de delincuentes.
Si no hay recursos para que la
sanidad sea universal, si las Urgencias de los hospitales están desbordadas, si
las personas afectadas por la Hepatitis C no reciben el tratamiento necesario,
¿cómo es posible que se inviertan tantos recursos médicos para el seguimiento
de las bajas médicas?. El médico de cabecera, el de la mutua y el de la
inspección médica; repetición de las mismas pruebas y/o análisis en un espacio
muy reducido de tiempo, expedientes y solicitudes que van y vienen de un
departamento a otro y que deben de ser tramitadas y respondidas. ¿Cuánto dinero
cuesta esto?, ¿Por qué tanta inversión en perseguirnos?.
Para la CGT esta Ley da un paso
más en esa “carrera a ninguna parte” que los gobiernos neoliberales han
emprendido de privatización de todo lo público, violando los principios de
equidad, universalidad y eficiencia.
Toda privatización tiene un
motivo: hacer negocio. Con los derechos no se negocia.
Para tod@s, todo. Para nosotr@s, nada.